Carlos Camargo Assis, magistrado

Sin el ánimo de posar como politólogo, me aventuro a plantear algunas a consideraciones sobre este tema, porque la reciente elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional constituye un hecho de especial relevancia para el país. Más allá del resultado político que supuso su designación, al llegar a la más alta instancia de control constitucional proyecta efectos que pueden trascender en los ámbitos de la seguridad, la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

Por: Luis E. Gilibert

El perfil de Camargo se encuentra marcado por su gestión como Defensor del Pueblo, cargo que desempeñó en un periodo particularmente complejo de la vida nacional, durante el estallido social del 2021. Su actuación generó opiniones diversas: para algunos sectores no hubo suficiente firmeza frente a supuestos excesos de la Fuerza Pública, mientras que otros lo señalaron de ser demasiado tolerante ante los bloqueos y protestas que afectaron la vida cotidiana de los colombianos. Esa dualidad refleja, en esencia, la dificultad de conducir un organismo de mediación y control, en medio de tensiones profundas entre la seguridad y los derechos ciudadanos.

Con esa experiencia, el nuevo magistrado podrá aportar una visión singular en los debates constitucionales que vendrán. Temas sensibles como la regulación de la protesta social, los límites a la actuación de la Fuerza Pública y su respaldo en procedimientos ajustados a la ley, la política de inteligencia, la cooperación internacional en materia de seguridad o el marco jurídico de eventuales procesos de negociación con grupos armados ilegales encontrarán en la Corte un árbitro decisivo, el voto de Camargo y, en este sentido, puede contribuir a la construcción de equilibrios entre la autoridad del Estado y la protección de libertades fundamentales.

Su elección envía también un mensaje de estabilidad. El Congreso optó por una figura con experiencia en la administración pública y cercana a las dinámicas políticas tradicionales, lo cual podría favorecer una visión de seguridad jurídica y de preservación institucional en tiempos de cambios y tensiones. Este factor, lejos de interpretarse únicamente como una resistencia a las transformaciones, puede significar un contrapeso garantizando que los ajustes en materia de seguridad y defensa se hagan de manera reflexiva y ordenada.

Queda, sin embargo, el reto de la legitimidad social. Las críticas que recibió durante su paso por la Defensoría podrían convertirse en un estímulo para que, ahora como magistrado, Camargo proyecte independencia, rigurosidad y equilibrio en sus fallos, consolidando un perfil más técnico que político.

En definitiva, su elección abre un nuevo capítulo en la Corte Constitucional y el reto para Carlos Camargo será demostrar que su experiencia le ha dejado aprendizajes suficientes para contribuir a la estabilidad democrática, garantizando tanto la autoridad del Estado como los derechos de los ciudadanos en escenarios de tensión y conflicto.