Campañas equivocadas

Como lo hemos venido reiterando, en un auténtico sistema democrático y participativo -como lo proclama la Constitución colombiana- el pueblo no debería votar llevado por la propaganda, los discursos agresivos, la desinformación originada en medios de comunicación interesados, ni por la compra de votos, sino con base en el pleno conocimiento de las propuestas y programas de los aspirantes.

Si lo que se busca es la escogencia de los mejores y más capaces para que, en ejercicio de sus cargos, realicen los objetivos de beneficio general, dentro de los valores y principios que la sociedad profesa, los partidos y candidatos deberían exponer las propias ideas, propuestas y programas -hacia el beneficio colectivo-, más que el odio y la descalificación de los contrarios.

Si las finalidades del Estado, como lo señalan nuestras normas fundamentales, consisten en el servicio a la comunidad, en el logro de la paz, la igualdad y la equidad;  en el propósito de conseguir la prosperidad general, la garantía de los derechos y libertades; en el cumplimiento de los deberes sociales; en la efectiva y real procura del bien común y de la justicia económica, política, administrativa y cultural en todo el territorio -entre otros objetivos-, los procesos electorales se deberían orientar a escoger a los representantes del pueblo para la realización de esas finalidades, en un adecuado y leal ejercicio de las funciones públicas, dentro de la legalidad.

A los ciudadanos se les garantiza tanto el derecho de elegir como el de ser elegidos, en libertad, dentro del orden jurídico, en igualdad de condiciones, en paz y con el debido respeto, sin perjuicio de las diferencias políticas o ideológicas.

Tanto los partidos y movimientos políticos como los candidatos y precandidatos a la presidencia de la República y los aspirantes al Congreso deberían preocuparse más por un contacto con los electores, mostrando lo que quieren realizar si son elegidos, que por asumir posiciones orientadas al descrédito y destrucción de sus competidores. Es profundamente negativo, en una sociedad civilizada, que la única estrategia consista en ir contra los demás, en lugar de mostrar los propios ideales y convicciones.

Como simples observadores de lo que ocurre, no entendemos la razón para que aspirantes a gobernar se presenten ante el electorado insultando públicamente a periodistas, negando antecedentes históricos que ya fueron objeto de fallos judiciales, amenazando a otros candidatos con “darles bala” o con “destriparlos”, con el uso de la violencia o con llamados a la intervención armada extranjera en nuestro territorio.

Es grave que la juventud colombiana sea orientada mediante el discurso de odio. Que se haya perdido la formación de los niños y adolescentes en el respeto a los demás. Que se les enseñe a reclamar los propios derechos, pero sin asumir deberes y responsabilidades. Que hasta los reinados de belleza se usen para hacer instigación pública a la violencia y al crimen.

El artículo 41 de la Carta Política dispone que, en todas las instituciones educativas, oficiales y privadas, tengan lugar la instrucción cívica y la enseñanza de los principios y las prácticas democráticas. Dice, además, que el Estado divulgará la Constitución. Nada de eso se está cumpliendo.