Burocracia y politiquería frenan la vía San Gil - Charalá - Duitama

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la vía San Gil, Charalá, Duitama, cuya pavimentación y adecuación está detenida y atrapada en un tedioso tire y afloje entre trámites y reproches.

Tanto Santander como Boyacá reclaman esta obra que prometió integración, empleo y competitividad, pero hoy avanza a un ritmo que ofende la urgencia del territorio, el cual marca un organismo como la Corporación Autónoma de Santander, CAS, que fue cooptada por la burocracia y una rampante politiquería.

Cuando un proyecto del Pacto Bicentenario, con recursos públicos ya asignados, queda frenado por demoras administrativas, el problema no es menor. Es una falla de voluntad que castiga a las comunidades más dependientes de esa conexión.

El Alcalde de  Charalá, Jorge Vega, expuso una realidad incómoda. En Boyacá ya existen avances, mientras en Santander persisten los cuellos de botella para obtener permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal.

Esa diferencia desnuda una paradoja inaceptable. El tramo santandereano no puede quedar relegado por la lentitud de una autoridad que tiene el deber de facilitar el cumplimiento técnico y jurídico, no de convertirlo en laberinto.

La CAS, por su parte, afirmó que exige lineamientos completos y que ha sostenido mesas de trabajo. Ese argumento resulta válido sólo en parte. Nadie pide saltarse la norma. Lo que la ciudadanía exige es claridad, oportunidad y decisiones firmes y a tiempo.

Un procedimiento ambiental que se extiende más de lo razonable deja de ser garantía y se convierte en obstáculo. La institucionalidad pierde credibilidad cuando la respuesta llega tarde y el costo recae en una obra estratégica para una provincia entera.

La advertencia del Alcalde merece atención inmediata. Si los recursos terminan orientados hacia otros tramos en Boyacá, Santander perderá otra oportunidad histórica. No se trata de una disputa territorial ni de un pulso político. Se trata de justicia con una zona que ha esperado años por una carretera segura, útil y funcional.

El país no puede normalizar que una inversión de 320.000 millones de pesos quede supeditada a la indecisión, a la descoordinación, a la lectura fragmentada de un expediente o a  la ’voluntad’ de un funcionario.

Las autoridades ambientales locales y nacionales, el Invías, el contratista y las administraciones locales deben resolver de inmediato lo pendiente. La región no admite más dilaciones.

Charalá y el corredor completo necesitan hechos, no explicaciones repetidas. La solución exige celeridad, transparencia y responsabilidad institucional. Si el Estado desea conservar autoridad, debe demostrar que puede ejecutar sin atropellar la ley y sin condenar a un territorio al atraso por culpa de sus propios engorrosos trámites.

También hace falta una veeduría pública que vigile plazos, documentos y respuestas. Los ciudadanos no pueden seguir como simples testigos de una cadena de excusas que se han dilatado por cinco años.