Bucaramanga sufre un colapso hospitalario por deudas de las EPS
Resumen
La crisis financiera en Bucaramanga amenaza el sistema de salud. Clínicas enfrentan cierres por deudas de EPS, siendo la más afectada Nueva EPS. La falta de flujo de caja y los pagos atrasados ponen en riesgo servicios esenciales y empleo en el sector.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La crisis financiera que amenaza con colapsar el sistema de salud en Bucaramanga exige soluciones inmediatas y contundentes porque clínicas y hospitales enfrentan el riesgo de cierre total o de algunos servicios, al no recibir los recursos que adeudan las EPS.
La clausura de la sala de partos y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de la Clínica Chicamocha, el 1 de junio confirma la gravedad del problema. Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Jaime Andrés Beltrán y la secretaria de Salud Claudia Mercedes Amaya, denunciaron la falta de flujo de caja.
La deuda supera los 465.000 millones de pesos. Nueva EPS acumula más del 54 por ciento de ese pasivo, mientras Coosalud, Sanitas, Famisanar y Sura completan el porcentaje restante.
La resistencia de las EPS a honrar sus obligaciones refleja desinterés por la salud pública, que se ha visto ahogada por esa tercerización que enriquece a unos vampiros de la salud y les recorta servicios básicos a los usuarios por la escasez de recursos.
La retención de pagos por parte de las EPS no es un fenómeno nuevo. Los ajustes en la cobertura del SOAT complican el cobro por atención a víctimas de accidentes. El proceso para obtener el certificado de agotamiento exige entre veinte y veinticuatro meses. Esta demora impide que las clínicas recuperen recursos esenciales.
El Hospital Psiquiátrico San Camilo enfrenta presiones similares. Las EPS tienen deudas con esta entidad que ascienden a más de treinta y cuatro mil millones de pesos.
Nueva EPS no giró ningún peso en mayo. La dirección del hospital debe tomar decisiones drásticas. La falta de respuesta ágil evidencia vacíos en la política de aseguramiento, entretanto, los proveedores esperan pagos que no llegan o que son girados a cuentagotas.
El Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU) reporta atrasos superiores a seis mil millones de pesos. Desde el quince de abril no autoriza servicios médicos para afiliados de Nueva EPS, pese a contratos vigentes. La inconsistencia entre obligaciones contractuales y práctica real revela falta de nitidez en la gestión de las entidades promotoras.
La Secretaría de Salud hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la comisión séptima del Senado, para que revisen de inmediato la cartera.
La intervención de la Superintendencia de Salud no resolverá pasivos acumulados. Resulta indispensable definir mecanismos de pago excepcionales. El 63,7 por ciento de los bumangueses depende de las EPS intervenidas por la Supersalud.
La respuesta del MinSalud es insuficiente. Las inversiones en infraestructura no mitigan carencias operativas ni económicas. Cualquier demora adicional empuja a los pacientes hacia la desprotección sanitaria.
El empleo generado por el sector asciende a casi cinco mil puestos. Un colapso implicaría desempleo masivo y pérdida de capacidad de atención. Gobierno y EPS deben establecer compromisos claros de pago y supervisión. Solo así se evitará el cierre de más IPS y se garantizarán los ya de por sí vilipendiados derechos ciudadanos.
