Bravuconada de Nicolás Maduro contra los Estados Unidos

La inclusión del ‘Cartel de los Soles’ en la lista de organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos marca un punto de inflexión claro. Washington llama las cosas por su nombre. El régimen de Nicolás Maduro no es sólo una dictadura, es una estructura criminal que utiliza el poder estatal para traficar drogas, financiar redes armadas y proteger a grupos terroristas, dentro y fuera del territorio venezolano.

La recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro y la autorización para decomisar bienes de su entorno por un valor estimado de 700 millones de dólares apuntan a desarticular su maquinaria financiera y a privar a la cúpula de recursos.

Agencias de inteligencia y centros de pensamiento, como el Atlantic Council (octubre de 2020) y Rand (marzo de 2025), documentan la participación de altos mandos militares y personajes civiles del chavismo en redes transnacionales de tráfico de estupefacientes.

Las acusaciones incluyen refugio y cooperación con las llamadas disidencias de las FARC, el ELN y lazos con Hezbolá. No se trata de rumores. Existe un cuerpo probatorio que exige acciones proporcionales de la comunidad internacional.

La propuesta de crear una zona binacional entre Colombia y Venezuela, presentada como integración, constituye un riesgo estratégico. La libre circulación de personas y mercancías, la coordinación militar y la armonización aduanera en una franja fronteriza de 2.200 kilómetros transformará ese corredor en un santuario para el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y tráfico de armas si estructuras estatales continúan al servicio de economías ilícitas.

Frente a esa amenaza, el Gobierno norteamericano desplazó capacidades militares y de inteligencia hacia el Caribe sur, frente a Venezuela y las fuentes mencionan unos 4.000 efectivos, aviones de patrulla P-8, un buque de guerra y un submarino de ataque.

Esa presencia persigue interrumpir las rutas de las mafias y proteger intereses estratégicos, entre ellos los descubrimientos petroleros frente a Guyana que transforman la geopolítica energética regional.

La decisión estadounidense es necesaria, pero insuficiente si actúa aisladamente. La estrategia debe combinar sanciones selectivas, presión coordinada sobre actores cómplices y apoyo tangible a los países fronterizos que defiendan la democracia.

Colombia debe mantener y reforzar una relación efectiva con Estados Unidos, el principal socio en seguridad y comercio. Eso es imperativo. La Casa de Nariño debe desligarse y evitar cualquier vínculo que asocie su futuro con un régimen señalado por crímenes graves.

La respuesta atropellada de Nicolás Maduro Moros ha sido la de ‘armar a unos 4.500 milicianos’ para defender la patria. Una reacción que sólo refleja una bravuconada del dictador venezolano frente al todo poderoso Estados Unidos, que no tiene que pedir permiso para actuar.

América Latina no admite indulgencias con quienes utilizan al Estado para delinquir. Si la región quiere paz, debe rechazar este tipo de carteles criminales, fortalecer instituciones y promover cooperación internacional que defienda la legalidad y la democracia. Estados Unidos dio un paso necesario y sólo debe completar la tarea.