Bandidos de alias ‘Calarcá’ son protegidos por PETRO
Resumen
La política de paz en Colombia ha fracasado. Aliados del Gobierno dialogan con disidencias, lo que otorga legitimidad a estructuras criminales a cambio de millonarios recursos, aumentando su poder. Iván Mordisco y Calarcá, exlíderes de las Farc, son protagonistas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Narcoguerrillas infiltraron al Ejército
La política de “Paz” ha sido un fracaso total en Colombia. Era una de las grandes promesas de la campaña presidencial que quedó en veremos. Más bien, terminó dándole protagonismo y poder a dos desertores del proceso de paz y fundadores de las disidencias más grandes de las antiguas Farc: alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”, este último señalado de infiltrar y corromper a miembros de las Fuerzas Militares y a los organismos de inteligencia del Estado.
“Iván Mordisco” y “Calarcá”, pasaron de patrullar juntos por las zonas cocaleras del país a declararse la muerte. Aunque pertenecían a una misma disidencia, las diferencias internas los dividieron y el Gobierno Petro tomó partido; de un lado, la ofensiva militar contra el Estado Mayor Central, la que lidera “Iván Mordisco”, a la que bombardean sin contemplaciones; y del otro, los guiños y concesiones hacia la estructura de “Calarcá”, con la que el Gobierno insiste en seguir dialogando, porque le dieron millonarias sumas de dinero para la pasada campaña electoral.
Según datos de la Consejería para la Paz, la implementación de la Paz Total ha costado $84.816 millones destinados a logística, transporte, seguridad y operación de las distintas mesas de negociación. De ese monto, $30.299 millones corresponden exclusivamente a los diálogos con las disidencias lideradas por alias “Calarcá”, un proceso que avanza lento y que ha sido cuestionado por el aumento paralelo de la capacidad criminal de esa estructura
Bajo la sombrilla de la política de paz hay nueve mesas activas. El Gobierno participa con 11 delegados, mientras que, en el caso de “Calarcá”, llega acompañado de cerca de 40 miembros de la organización criminal, varios de ellos con órdenes de captura suspendidas como beneficio para seguir sentados en la negociación. Ese estatus, que les otorga libertad de movimiento y un nivel de legitimidad que antes no tenían, se ha convertido en uno de los puntos más polémicos de la estrategia.
