Anticorrupción

Por: Fernando Cepeda Ulloa

No se requiere acudir a ningún indicador internacional sobre el estado de la corrupción en Colombia para establecer si ha subido o si ha bajado. En el caso colombiano, hemos visto durante los últimos años sucesivos escándalos muy importantes sobre la corrupción que ha afectado a altos funcionarios en las más importantes entidades del gobierno.

Semejante situación ha debido dar lugar a que las diferentes campañas presidenciales, y son muchas, planteen el tema en forma muy contundente y que hoy tuviéramos alguna claridad sobre diferentes estrategias que, bien armonizadas, podrían dar lugar, por fin, a una campaña bien orientada contra este terrible flagelo.

Es que los dineros públicos que se han esfumado no son menores. Rondan por los billones de pesos. Y cuando tenemos que aliviar catástrofes como la del departamento de Córdoba, en estos momentos, pues uno se pregunta cuántas donaciones y de qué dimensiones se requieren para llegar a una cifra como la que en sucesivos casos arruinaron la agencia que tiene como responsabilidad la prevención de riesgos y la atención de calamidades que en Colombia son muy frecuentes.

La corrupción aparece en ocasiones como un dato muy importante en las encuestas, y en otras tiende a desaparecer o va a ocupar un último lugar. La verdad verdadera es que debería ocupar un puesto prioritario en las preocupaciones de los candidatos presidenciales y en las determinaciones de un nuevo gobierno. Nada más desmoralizante en un país con escasos recursos que fenómenos tan recurrentes entre nosotros como el despilfarro y la corrupción.

He publicado varios libros sobre el tema. Y he ofrecido conferencias en muy diversos ámbitos. He escrito muchas columnas al respecto y en varias ocasiones he declarado que no vale la pena continuar con ese esfuerzo, porque cada día es peor y cada día es menor la atención que se le presta a este problema.

Existe un esfuerzo por parte del sector empresarial que me parece bastante precario, aunque no sobra exaltarlo, pero las universidades y otras instituciones deberían estar mucho más comprometidas con el análisis y la recomendación de estrategias para confrontar este problema.

Publiqué un ensayo para describir la herramienta denominada Whistleblower, su origen en los Estados Unidos, durante la independencia, la Guerra Civil, su fortalecimiento y su gran eficacia. Claro que se trata de una legislación, pero que tiene la característica de ser una herramienta probada en diferentes sectores y países y cuya eficacia es innegable. Uno se inclina a pensar que, como tiene estas características, lo mejor es no adoptarla. Pero ahí está. Y ya lleva siglos demostrando que es, así lo dicen muchos, la herramienta más efectiva contra diversas formas de corrupción.

Es una herramienta que involucra a la ciudadanía, particularmente a quienes están en posiciones claves para dilatar un esquema de corrupción. Ello hace que haya miles de personas muy bien ubicadas que tienen la capacidad de contribuir a generar un ambiente de transparencia en una sociedad. Es que es muy difícil para fiscales y jueces luchar contra el tema cuando tienen que esperar que les lleven los casos. Esta herramienta convierte en fiscales, en investigadores, por así decirlo, a miles de ciudadanos que están situados en los sitios claves y que con facilidad pueden identificar comportamientos corruptos.

Una herramienta basada en la denuncia, en la protección de esta y del denunciante. Pero una protección de verdad, impecable. Y luego, en un sistema de recompensas significativo y no mezquino. Hasta el punto de que en ocasiones digo en mis conferencias que hay dos maneras de hacerse rico. Una de ellas, en virtud de la corrupción, y otra, muy respetable y digna, que es la de la denuncia de la corrupción. Con la debida protección y la generosa recompensa.