Análisis de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia

Este año, Colombia ha experimentado un renovado interés por parte de los ciudadanos en los mecanismos de participación popular, que se fundamentan en la Ley 134 de 1994, que establece los procesos a través de los cuales la ciudadanía puede intervenir directamente en las decisiones políticas y jurídicas del país. Estos mecanismos se convierten en una vía fundamental para que los colombianos tomen decisiones trascendentales sobre el futuro del país, especialmente en el contexto de una democracia en constante evolución y con desafíos económicos y sociales importantes.

Dentro de estos mecanismos, dos proyectos han captado la atención del país debido a su relevancia y su potencial impacto: el referendo por la autonomía fiscal de las regiones y la consulta popular. Ambos métodos buscan someter a votación decisiones clave que podrían transformar significativamente la estructura política, económica y social de Colombia. Sin embargo, a pesar de compartir la misma base legal y de estar diseñados para involucrar a los ciudadanos en temas fundamentales, estas iniciativas tienen diferencias sustanciales en su alcance, procesos y potencial impacto.

El referendo por la autonomía fiscal de las regiones

Este es uno de los proyectos más ambiciosos que ha surgido en la agenda política del país en los últimos años. Este referendo, que lleva el nombre de "Por las Regiones, Firme", fue promovido por un comité de exsenadores y políticos regionales con el objetivo de modificar la Constitución para permitir una mayor descentralización fiscal. La propuesta central consiste en que los departamentos y el Distrito Capital puedan gravar y administrar los impuestos sobre la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas en su territorio, lo que les daría más autonomía y recursos para financiar sus proyectos locales. Esta reforma busca modificar el artículo 298 de la Constitución colombiana, el cual actualmente limita a los departamentos en cuanto a la generación de recursos propios para su financiación.

A lo largo del proceso, el comité promotor del referendo presentó más de 3,3 millones de firmas ante la Registraduría, de las cuales 2 millones 184 mil fueron válidas y certificadas, superando ampliamente el umbral mínimo exigido por la ley. Esta cifra, no solo demuestra el apoyo popular a la iniciativa, sino que también permite que el proyecto avance en su trámite ante el Senado de la República, donde será debatido y votado antes de ser enviado a la Corte Constitucional para su revisión de conformidad con la Carta Magna.

De acuerdo con María del Rosario Guerra, exsenadora y miembro del comité promotor del referendo, esta iniciativa tiene un peso jurídico mucho mayor que otras formas de participación ciudadana, como la consulta popular. "Aunque ambos son mecanismos de participación ciudadana, el referendo tiene un impacto normativo inmediato. Mientras la consulta recoge la opinión de la ciudadanía sin efectos normativos inmediatos, el referendo somete a votación un texto legal o constitucional, y su aprobación lo convierte en norma", explicó Guerra.

La propuesta de autonomía fiscal para las regiones busca principalmente que los departamentos y el Distrito Capital no dependan exclusivamente de las rentas cedidas por el gobierno central. La exsenadora comentó que: “Actualmente, los departamentos colombianos dependen de impuestos como los sobre licores, tabaco, cerveza y vehículos, que son transferidos desde el gobierno nacional. Sin embargo, estos impuestos han ido decreciendo por diversas razones, como el aumento de políticas de consumo responsable y la búsqueda de alternativas ecológicas en la producción y venta de estos productos. La autonomía fiscal, en este sentido, ofrecería una solución a largo plazo para los departamentos, permitiéndoles tener el control directo de sus recursos y gestionarlos según sus necesidades locales”.

Además, uno de los puntos clave de la propuesta es que los recursos generados por estos impuestos no solo beneficiarían a las regiones de donde provienen, sino que también se distribuirían de forma equitativa entre los demás departamentos. Guerra señaló que, “este mecanismo permitiría que los departamentos más pobres reciban una distribución justa de los recursos generados en otras regiones, ayudando a reducir las disparidades económicas dentro del país”.

El referendo, sin embargo, aún debe superar varios obstáculos antes de llegar a la votación final. Tras el trámite en el Senado, el proyecto debe ser aprobado por el Congreso y recibir un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional. Además, se debe cumplir con un plazo de seis meses para convocar el referendo, lo que podría significar que dos iniciativas populares podrían coexistir en un año preelectoral, lo que genera incertidumbre respecto a la forma en que los ciudadanos se involucrarán en ambos procesos. El Presidente de la República tiene la última palabra sobre la convocatoria, lo que implica que la iniciativa podría ser convocada dentro de un contexto electoral tenso, donde las prioridades de los votantes podrían estar más centradas en las elecciones que en los cambios constitucionales.

Para que el referendo tenga validez, se requiere que al menos el 25% del censo electoral participe, y que la mayoría simple de los votos sea favorable a la propuesta. Este umbral plantea un desafío significativo para los organizadores del referendo, ya que movilizar a un número tan grande de votantes en un escenario político complejo y con muchas distracciones será una tarea titánica. Sin embargo, si se supera este umbral y el referendo es aprobado, se sentaría un precedente histórico para la autonomía fiscal en Colombia.

La consulta popular

Por otro lado, el Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro ha convocado a una consulta popular con el objetivo de que los ciudadanos se pronuncien sobre varios aspectos de la reforma laboral que fue previamente rechazada por el Congreso. A diferencia del referendo, esta consulta no cuenta con un respaldo ciudadano previo que garantice un apoyo popular amplio. La consulta, que está compuesta por 12 preguntas formuladas por el Ejecutivo, busca obtener la aprobación de la ciudadanía sobre aspectos clave de la reforma laboral, que incluye temas como la flexibilización del trabajo, el salario mínimo, las condiciones laborales y los beneficios para los trabajadores.

“Una de las principales diferencias con el referendo es que la consulta no tiene efectos normativos inmediatos. Es decir, aunque los resultados de la consulta sean vinculantes, no implica la modificación directa de la Constitución ni de las leyes laborales. En cambio, se trata de un ejercicio democrático en el que el gobierno busca obtener una legitimación popular para avanzar en sus propuestas”, puntualizó María del Rosario Guerra.

A pesar de ello, la consulta popular presenta ciertos desafíos. No cuenta con una base de respaldo popular como la que ha logrado el referendo, lo que plantea dudas sobre su efectividad y relevancia entre los votantes. El presidente de la República, al convocar la consulta, tiene la responsabilidad de promover una participación ciudadana significativa. Sin embargo, al no haber un apoyo previo en términos de firmas o movimientos populares, es probable que la consulta enfrente dificultades para captar la atención del electorado.

En cuanto a los requisitos para que la consulta sea válida, se necesita que participe al menos un tercio del censo electoral, y que más del 50% de los votantes se pronuncien a favor de las preguntas planteadas por el gobierno. Este umbral también es complejo, ya que no solo depende de la participación, sino también de la capacidad del gobierno para movilizar a los votantes y lograr que una mayoría se exprese a favor de las propuestas laborales.

Comparación y perspectiva futura

A pesar de ser iniciativas diferentes, el referendo y la consulta popular comparten el objetivo común de involucrar a los ciudadanos en decisiones cruciales para el futuro del país. Ambos procesos se desarrollan en un año preelectoral, lo que puede afectar su desarrollo y los resultados de las votaciones. La cercanía de las elecciones puede influir en la postura de los votantes y en la forma en que los actores políticos y sociales movilizan sus recursos para incidir en las decisiones populares.

Además, tanto el referendo como la consulta popular presentan desafíos en cuanto a la movilización y participación ciudadana. En ambos casos, las iniciativas necesitan una participación significativa para ser válidas. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si los colombianos estarán dispuestos a votar en estos procesos, especialmente en un contexto donde la desconfianza en las instituciones políticas sigue siendo un tema sensible.

Los mecanismos de participación ciudadana, como el referendo y la consulta popular, requieren no solo la participación de los votantes, sino también la creación de un entorno en el que los ciudadanos se sientan motivados a ejercer su derecho de voto, lo que puede depender de la claridad de los mensajes políticos y de las campañas informativas previas.

Si bien el referendo por la autonomía fiscal de las regiones parece tener un camino más claro gracias al respaldo ciudadano y al proceso legislativo que ya ha avanzado considerablemente, la consulta popular aún está en una etapa temprana, donde su viabilidad dependerá de la capacidad del gobierno para lograr un consenso entre la ciudadanía y los diversos sectores políticos del país. Sin embargo, el hecho de que la consulta se haya convocado sin un respaldo ciudadano previo genera una serie de incertidumbres, ya que podría ser vista como una forma de presión política para aprobar ciertas medidas laborales sin el consenso de la mayoría.

El impacto de estas iniciativas

Ambas iniciativas, si se logran concretar con éxito, podrían tener un impacto profundo en el futuro de la política colombiana. “En primer lugar, el referendo por la autonomía fiscal de las regiones marcaría un antes y un después en la descentralización de los recursos del país, lo que podría generar una redistribución más justa de los ingresos y, a su vez, impulsar el desarrollo de los departamentos más pobres. La autonomía fiscal de las regiones podría dar paso a un modelo de gobernanza más efectivo, en el que las autoridades locales tengan la capacidad de gestionar sus propios recursos y tomar decisiones basadas en las necesidades y características particulares de sus territorios”, detalló la exsenadora.

Por otro lado, la consulta popular sobre la reforma laboral tiene el potencial de redefinir las condiciones laborales en el país, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en el mercado laboral y en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, dado que no tiene el mismo poder normativo que el referendo, su impacto dependerá de cómo se utilicen sus resultados para influir en las reformas legislativas futuras.

En este contexto, los colombianos se enfrentan a un año clave en términos de participación ciudadana. Ambos mecanismos, el referendo y la consulta popular, representan una oportunidad única para que los ciudadanos se involucren directamente en las decisiones políticas y sociales del país, pero también presentan desafíos significativos en cuanto a la movilización y el respaldo popular. Sin importar cuál de las dos iniciativas logre mayor apoyo, lo cierto es que estos mecanismos de participación abren un espacio importante para la democracia en Colombia, en el que la voz de la ciudadanía es la que podría tener la última palabra en el futuro del país.