Amnistía Internacional presenta a Venezuela como país del no futuro

La severidad contenida sobre Venezuela en el informe de Amnistía Internacional obliga a una respuesta sin atajos por parte del régimen que gobierna ese país encabezado por Nicolás Maduro Moros.

La organización detalla, con evidencias irrefutables, más de 18.400 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas bajo custodia estatal y esos datos certifican que, desde 2014, Venezuela se dedicó a prácticas que califican como delitos de lesa humanidad.

No se trata de exageraciones retóricas, sino de crímenes documentados que se remarcan en ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas y persecución política, con lo cual Amnistía Internacional refuerza la acusación que lleva ante la Corte Penal Internacional.

La ONG, ajena a intereses geopolíticos, exige la liberación inmediata de los presos injustos y reclama a la comunidad global el uso de la jurisdicción universal para llevar ante tribunales a los responsables.

El informe, titulado ‘Venezuela: detenciones sin rastro’, demuestra que el sistema carcelario funciona como herramienta de exterminio, porque existen celdas clandestinas, silenciadas por el miedo y la impunidad.

La huida de ocho millones de ciudadanos confirma la magnitud de la crisis humanitaria y frente a una dictadura que viola los derechos más elementales, la diplomacia no puede permanecer cautiva de intereses de corto plazo.

No existen razones políticas que justifiquen la tibieza, porque la comunidad internacional, Colombia incluida, debe fijar sanciones selectivas contra quienes ordenan o encubren las torturas y asesinatos.

Un embargo flexible, con exenciones para bienes humanitarios, resultaría más eficaz que las medias tintas actuales. Un paquete de sanciones económicas y políticas, coordinado en la OEA y en la ONU, revelaría que la inacción no goza de aval moral.

Colombia afronta una responsabilidad singular, porque con más de dos millones de refugiados venezolanos albergados en su territorio y con las amenazas de grupos armados en la frontera, el Estado colombiano conoce de primera mano el colapso de la Nación vecina.

Su voz, firme y coherente, puede sumar aliados, impulsar sanciones individuales contra mandos militares y civiles, respaldar la apertura de investigaciones en la Corte Penal Internacional y apadrinar un mecanismo de monitoreo independiente constituirían pasos concretos.

El diálogo sólo tiene sentido cuando la represión ceda y la democracia recupere espacio. Este llamado no obedece a intereses ideológicos. Se basa en el símbolo innegociable de que un Gobierno que encierra, tortura y desaparece es un régimen criminal y totalitario.

La verdad clara y rotunda que presenta Amnistía Internacional exige coherencia, una acción temprana y decidida, para priorizar un alivio humanitario efectivo, garantizar la atención médica y proteger a las ONG en territorio venezolano que, de acuerdo con el informe de Amnistía internacional, se convirtió en el país del no futuro.

Venezuela exige más que manifestaciones de solidaridad, reclama justicia. La comunidad internacional está obligada a pasar de las palabras a los hechos y comprometerse de forma decidida y seria con la defensa de los derechos humanos para marcar la enorme diferencia entre tolerar la barbarie o luchar por erradicarla.