Al que no quiere caldo, le dan ocho tazas

Por: Julio Bahamon

La decisión democrática tomada por 8, de los 14 senadores que integran la comisión séptima de la corporación para archivar el proyecto de reforma laboral, es una prueba fehaciente de la independencia de los poderes en que esta soportada la institucionalidad del país.

Eso no lo ha podido entender Gustavo Petro, enseñado a hacer, por el poder de las armas alzadas ilegalmente contra el país, lo que le venga en gana. No, señor presidente, esas arbitrariedades son las que han debilitado a su administración, sumadas a la absoluta ignorancia suya y de sus inmediatos colaboradores.

El Congreso de Colombia, al igual que las Altas Cortes de La Nación, son organismos autónomos independientes, y sus decisiones deben ser respetadas por los otros poderes del Estado. Ese es el principio cómo funcionan de manera equilibrada los pesos y contrapesos de la teoría de la separación de los poderes del Estado, defendidas por el varón de Montesquieu para garantizar la división de poderes, evitar abusos, limitar el uso arbitrario de la autoridad y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos.  En el caso que nos ocupa el abusivo no ha sido el Congreso, el abusón es el gobierno que representa a uno de los poderes del estado, el Ejecutivo.

Un presidente torpe e ignorante como el actual en temas de gobierno, corre el riesgo de cometer toda clase de desafueros en las relaciones que reglan su armonía en la colaboración para que el estado funcione.

Lamentablemente escuche al pendenciero ministro de Trabajo Antonio Sanguino, ex miembro de la organización guerrillera ELN, como líder de movilizaciones populares, que quiso hacerle daño a Colombia, airado, amenazante haciéndole coro a la propuesta presidencial de la consulta Popular.

El martes la tan anunciada marcha con la que pretendió el primer mandatario doblegar a los ochos senadores y al congreso de la república, le resultó todo un fiasco.

Pude presenciar la llegada lánguida de algunos buses con indígenas al parque Santander en la ciudad de Neiva, a los que les pagan para que acudan a las marchas oficiales. Los Indígenas como no tiene nada que hacer son ciudadanos privilegiados con millones de hectáreas improductivas en su mayoría, y otras alquiladas a grupos narcoterroristas para el cultivo de coca, tienen tiempo para vagar por distintas regiones al toque de los estallidos sociales a los que los tiene acostumbrados Gustavo Petro.

El ejecutivo está obligado a decirle la verdad a la ciudadanía respecto a los daños colaterales que los afectarían, en la medida en que tales reformas sean aprobadas a la topa tolondra, para satisfacer el ego de un megalómano presidente, es el caso de Gustavo Petro.