Agujero millonario y deuda moral en la educación pública de Bucaramanga

La Contraloría Municipal de Bucaramanga dio a conocer que existe un hallazgo fiscal que hiere de muerte la credibilidad administrativa y la prioridad mínima que merece la educación pública.

Un desfase de 2.124 millones de pesos, derivado del manejo financiero de un empréstito de 80.000 millones aprobado en 2023, coloca a la ciudad frente a una pregunta elemental, ¿quién asumirá la responsabilidad por los daños y cómo se reparará el perjuicio ocasionado a miles de estudiantes?

Los números resultan inapelables. El municipio pagó intereses por 9.000 millones a varios bancos. Esos fondos migraron a Findeter, que generó un rendimiento de 6.878 millones. El cruce contable arroja una diferencia negativa que legitima un hallazgo fiscal por 2.124 millones.

Los beneficiarios previstos eran tres de las instituciones educativas más emblemáticas de la capital santandereana, el INEM Custodio García Rovira, la Institución Educativa de Santander y el Instituto Técnico Dámaso Zapata.

Las obras quedaron en espera mientras el dinero transitó por instrumentos financieros que no produjeron la entrega de infraestructura prometida y la explicación administrativa no resuelve el problema.

Afirmar que los 80.000 millones permanecen en Findeter no sustituye la obligación de demostrar, con documentos públicos, cómo se protegió el patrimonio, por qué se asumieron costos financieros adicionales y qué decisiones administrativas provocaron la pérdida.

Aquí es donde debe entrar a primar la autoridad para que estos hechos se aclaren y se determinen responsables, con la  elaboración de  un plan de corrección, el cual debe obedecer a criterios técnicos y de control.

Primero, se tiene que ordenar una auditoría externa con acceso público a toda la cadena documental como contratos, flujos financieros, autorizaciones y órdenes de pago.

Segundo, hay que establecer una cuenta bloqueada o fideicomiso administrado por un tercero independiente que garantice la destinación exclusiva de los recursos. Tercero, abrir un canal de veeduría ciudadana que incluya a representantes de la comunidad educativa y a la personería municipal para supervisar cada contrato y cronograma y, finalmente, imponer sanciones administrativas y disciplinarias si la investigación descubre negligencia o actuaciones contrarias a la ley.

La reparación no admite retórica. Se trata de escuelas, aulas y condiciones básicas que influyen en la calidad y la dignidad de la enseñanza, la tranquilidad, seguridad y comodidad de los estudiantes.

La ingeniería financiera no puede suplir la ausencia de gestión pública responsable. La gobernanza local debe demostrar que prioriza la inversión social sobre maniobras contables y, si la dilación de la inversión se hizo para buscar bloquear las obras, entonces debe haber investigación judicial para sancionar a los culpables.

Bucaramanga enfrenta un momento en el cual se debe corregir el manejo de esos fondos y castigar cualquier irregularidad. No tolerar la impunidad. Si no se producen sanciones claras, drásticas y medidas inmediatas, la doblez administrativa quedará al desnudo y la responsabilidad política tendrá que pagarse de la manera más severa con la que se pueda castigar la negligencia.