40 años de un holocausto incierto

Por: Jorge E. Solís

Ya han pasado cuatro décadas de aquel infausto suceso acaecido en Bogotá con la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 -Movimiento 19 de abril-los días 6 y 7 de noviembre de 1985, exigiendo al presidente del momento Belisario Betancur dar respuestas claras por no haber cumplido con los acuerdos de paz pactados, por lo que este sería un “juicio político”.  

En esta sorpresiva ocupación se tomaron como rehenes a magistrados, empleados y visitantes del lugar, quienes de momento no entendían lo que estaba sucediendo, pero con el paso de las horas terminaría con una batalla campal donde muy pocos saldrían con vida.

Todo inicia por no existir ningún tipo de diálogo, pues el Gobierno consideraba un aleve acto terrorista, donde “la justicia debe prevalecer sobre el terror, provenga de donde provenga”, como lo manifestara el magistrado Jorge Ibáñez 40 años después, justificando aquel demencial acto.  Lo cierto fue que en ese momento el Ejército colombiano respondió con una acción militar con un sofisticado montaje operativo a gran escala, pretendiendo retomar el control del Palacio de Justicia, lo que finalmente generó un intenso combate con tanques y bombas, convirtiendo en una masacre sin ningún control.

Hasta la fecha se desconoce el verdadero saldo de muertos, calculando por investigaciones que fueron más de 100, entre los que se encuentran funcionarios judiciales, militares, civiles, guerrilleros y 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde su presidente Alfonso Reyes Echandía en medio de la operación militar, a través de la radio Todelar, hizo un angustioso llamado para que cesaran los combates a fin de garantizar la vida de magistrados, funcionarios y civiles que estaban dentro del edificio, pero su petición fue ignorada, haciendo parte de la lista de fallecidos.

A parte de las víctimas hubo desapariciones forzosas de más de una docena, en los que se encuentran empleados de la cafetería, civiles e integrantes del M-19, existiendo torturas y graves violaciones a los Derechos Humanos, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la responsabilidad en los hechos y por la falta de justicia para las víctimas que aún esperan respuestas de lo que pasó para aliviar sus penas.   Con la amnistía a la cúpula del M-19 y el perdón a militares involucrados se pretende dar un brochazo de cubrimiento a este símbolo de impunidad y de memoria fracturada.

Lo irónico de esta historia dolorosa y vergonzosa de nuestro país, es que la tragedia de Armero ocurrida el 13 de noviembre por la erupción del volcán Nevado del Ruíz, no solo acabó con la vida de 25.000 personas, también tapó los sucesos del Palacio de Justicia, un distractor que impidió conocer en su momento los verdaderos responsables de ese holocausto, centrando la atención en la desaparición de Armero, una tragedia que le diera la vuelta al mundo, convertida en cómplice indirecto, permitiendo dilatar en el tiempo el poder conocer las verdades y la justicia amañada en la toma del ‘Palacio de las Injusticias’.